tips jurídicos

Si usted está pensando en realizar un negocio o iniciar un proceso pero desconoce qué debería tener en cuenta; lea y siga las siguientes recomendaciones en las que encontrará algunos ejemplos (muy comunes y sencillos) sobre contrataciones que se celebran inadecuadamente y cómo prevenir tal situación:

Antes y después de hacer negocios

La mayoría de las personas, piensan que un profesional del derecho debe contratarse únicamente cuando se presenta un conflicto que deba resolverse ante un juez o tribunal, sin embargo éste pensamiento lleva a la mayoría de las personas a costear honorarios bastante cuantiosos, simplemente por no haberse asesorado por un abogado antes de realizar el negocio que originó el conflicto.

Si usted quiere minimizar los riesgos a los que se expone a la hora de realizar negocios, consulte con un profesional de confianza lo siguiente:

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Asesorarse sobre el tipo de negocio más conveniente:

La legislación prevé una serie de actos jurídicos claramente definidos por características que los distinguen de otros similares en su formación u obligaciones que genera pero claramente diferenciables en sus consecuencias jurídicas, términos y procedimientos de exigibilidad.

Esto ocurre frecuentemente, por ejemplo, con las compraventas simuladas de padres a hijos que, en realidad, constituirían donaciones y que, por causa de sus co-herederos, terminan complicando la vida del “comprador” una vez fallecido el “vendedor”. De hecho, hoy en día la Ley 1564 del 2012 prevé una alternativa jurídica para realizar la partición de bienes en vida, de manera clara y con previa autorización judicial.

Como este ejemplo, hay muchos otros, por eso antes de negociar los términos de un contrato, consulte con un abogado para que, según su verdadera intención, éste le indique cuál es la figura jurídica que más le conviene a usted y/o a sus co-contratantes.

Verificar la factibilidad de hecho y de derecho del negocio

Muchos de los conflictos jurídicos en asuntos contractuales, ocurren porque las partes, antes de contratar, no previeron que fuera realmente posible cumplir con los compromisos económicos adquiridos o no previeron los riesgos que pudieran concretarse una vez empezara a ejecutarse lo pactado.

Ocurre así, a modo de ejemplo, cuando se celebra un contrato de promesa de compraventa en el que el promitente comprador abona un parte del precio y se compromete a gestionar un crédito para pagar el saldo; mientras que el promitente vendedor se obliga a transferir la propiedad de un inmueble, pero resulta ser que tiene apenas la posesión material del mismo sin que haya sido declarado dueño (y peor aún, no teniendo requisitos para adquirir por prescripción adquisitiva de dominio); caso en el cual, una vez el promitente comprador inicie los trámites para el préstamo bancario, se frustrará el negocio por el estudio de títulos que haga la entidad.

 También es frecuente que se hagan acuerdos que, si bien a simple vista son viables, pueden contener aspectos que la ley prohíbe o que, una vez originado el conflicto, la ley tiene por no escritos.

Un ejemplo bastante común de esto último, es pactar intereses en un contrato de mutuo (préstamo) a una tasa superior a una y media vez la máxima legal fijada trimestralmente por la Superintendencia Financiera; como quien presta un dinero y estipula intereses al 4%, mientras que desde enero del año 2009 la tasa más alta ha estado en 2,52%; lo que conlleva al prestador a incurrir en usura (delito) además de la sanción comercial que resulta de la regulación y pérdida de intereses, viéndose obligado el mutuante a restituirlos doblados.

Ésta situación puede prevenirse pagando una consulta a un profesional del derechos para que, de acuerdo con el interés de las partes de llevar el negocio a buen término, las oriente frente a los riesgos de hecho y de derecho que deben regular dentro del contrato y precaver en el aspecto fáctico.

Verificar referencias del co-contratante

En muchas ocasiones debido a la premura de celebrar un negocio para resolver una situación económica, un viaje, etc., no presta la debida atención a verificar la procedencia y referencias del co-contratante, con el fin de determinar su seriedad e idoneidad para el cumplimiento de lo pactado.

Ésta premura puede ocasionar que la identidad de la persona o su calidades personales no correspondan al perfil aparente que tiene, lo que los delincuentes aprovechan para estafar a quienes obran amparados en su buena fe.

Resulta así, por ejemplo, cuando aparecen “mieleros” (así llamados en el argot popular), ofreciendo inmuebles que se encuentran para remates en los Juzgados y, hasta presentan copia de documentos con encabezados de “providencias judiciales”, que no solamente resultan ser falsas sino que, una vez recibido el dinero en la “supuesta cuenta bancaria” y desaparecidos los delincuentes, se descubre que no existía venta o proceso.

Es imprescindible entonces, antes de contratar, cerciorarse de que la persona que se tiene en frente, corresponde realmente a quien dice ser y que, las ofertas que comunica, correspondan a hechos ciertos; en lo posible, acudiendo a la fuentes documentales o personales.

Asesorarse en la elaboración del contrato

Puede ocurrir también que las partes se conozcan mutuamente, tengan claros los riesgos, viabilidad y conveniencia del tipo jurídico a celebrar pero que, aun así, surja controversia entre ellas.

Lo anterior en tanto el lenguaje -y más aún el jurídico-, admite equívocos o ambigüedades que, si no son tenidos en cuenta, pueden dar lugar a diferentes entendimientos de un mismo acuerdo.

Por ello es importante que al momento de celebrar un contrato, las partes se asesoren de un profesional del derecho que les ayude a estipular las cláusulas esenciales, de la naturaleza y accesorias del contrato; así como a verificar dentro de este, las condiciones de existencia, validez y eficacia del acto.

Si bien es posible utilizar pro formas (las llamadas “minerva”) a la hora de contratar y ello constituye una mediana previsión de inconvenientes, lo cierto es que no es lo más recomendable, pues en la gran mayoría de los casos, los negocios requieren de estipulaciones o aclaraciones especiales en interés de las partes.

Especial atención a las cláusulas compromisorias

Éste pacto que obliga a las partes a acudir a un tribunal de arbitramento para resolver sus controversias, en la mayoría de los casos resulta frustrando los intereses de la parte más vulnerable del contrato, al obligarla a incurrir en sumas cuantiosas para poder resolver la controversia.

En la etapa post contractual

Finalmente, estando bien celebrado el negocio jurídico, probablemente no se presentarán inconvenientes durante su ejecución (si se presentan pueden ser más fácilmente solucionables) ni con posterioridad a ello.

 No obstante, es conveniente que, una vez finalizada la ejecución del contrato, las partes realicen el cierre del mismo, declarando el cumplimiento a satisfacción de las prestaciones mutuas y extendiendo el respectivo paz y salvo, si y solo si efectivamente así ocurrió; así se previene que, incumplido el contrato y con promesas de ponerse al día después, un paz y salvo mal otorgado o la carencia de éste cuando sí se cumplió, resulte en demandas con pretensiones indemnizatorias.

Antes de contratar un profesional del derecho

Ahora, si bien en el artículo anterior se recomienda asesorarse de un profesional del derecho a la hora de contratar y, así mismo antes de iniciar un proceso, éste no debe ser cualquier profesional, así que tenga en cuenta los siguientes ítems antes de elegir:

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Vigencia de la tarjeta profesional:

En ingresas a la página web del Consejo Superior de la Judicatura y digitar los datos públicos que allí le requieren sobre el presunto profesional, le permitirá corroborar tanto que efectivamente sea abogado, graduado y reconocido por la entidad reguladora; como que, a la fecha, tenga vigente su facultad para ejercer y no se encuentre suspendida o cancelada.

Preferiblemente busque un especialista (por estudios de posgrado o por experiencia en el ejercicio del área) en la rama que desea la consulta, ésta información se obtiene preguntando directamente al profesional.

Profesionalismo/claridad del concepto:

A la hora de consultar un profesional del derecho, que muy seguramente le cobrará una determinada suma por dicha consulta; tenga preparados -preferiblemente por escrito-, los puntos objeto de su consulta, indicando muy clara y brevemente los hechos en los que se basa y las pretensiones que usted tiene, así como una relación de las pruebas con las que cuenta; ello facilitará que el profesional identifique las características legales del caso y pueda indicarle con claridad y precisión las alternativas y riesgos que tiene; así mismo le facilitará estimar el valor de los honorarios y el tiempo que puede tardar su proceso/contrato.

Habiendo seguido éstas indicaciones, el profesional estará en posibilidad de darle una explicación clara de sus alternativas y/o decirle abiertamente (sin garantizarle) si existe o no una solución jurídica a su situación.

Contrato, honorarios y ubicación:

Usted está en todo su derecho de exigir al profesional de su elección, la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales que contenga como mínimo las siguientes cláusulas o especificaciones: objeto del contrato (para qué se contrata), honorarios (la suma a pagarse por la ejecución de los servicios, las formas y plazos de pago, claramente diferenciados de los gastos del proceso), las obligaciones de las partes (a qué se compromete cada quién, tenga en cuenta que está formando un equipo de trabajo).

Ahora bien, oficialmente no existe una tarifa de honorarios regulada a la cual pueda acudir para verificar la razonabilidad de los mismos; no obstante, en la página web de Conalbos existe un documento descargable (con un valor) que puede servirle de referente. En el mercado la oferta jurídica es muy amplia y de valores muy variables, por eso tenga en cuenta que un profesional idóneo y responsable valora y no regala su trabajo, y así mismo estará dispuesto a contratar por escrito, rendirle informes periódicos y orientarlo en cada avance; también en el ámbito jurídico aplica el dicho de “lo barato sale caro”.

Los honorarios pueden pactarse en una suma determinada por la prestación del servicio, en una prima de éxito sobre el proceso (porcentaje o también llamada “cuota Litis”) o en ambas cosas.

La ubicación del abogado es importante, en cuanto a que usted pueda identificar claramente dónde encontrarlo en caso de que requiera de su atención. Hoy en día la agilidad de los negocios permite que estos se atiendan desde internet hasta en oficinas tomadas por hora, lo cual no es determinante sobre las calidades profesionales del abogado; no obstante, es bueno saber a dónde se puede acudir.

Poder:

El poder que otorgue al profesional del derecho debe ser claro e indicar para qué confiere poder, así mismo, tiene derecho a solicitar copia debidamente firmada por el profesional del derecho.

Una vez otorgue el poder, a menos de que el abogado se lo requiera, procure no intervenir directamente en los acuerdos con su co-contratante o con la contraparte (si quiere estipule limitaciones en el contrato de prestación de servicios profesionales), ya que resulta bastante difícil para el profesional desarrollar su trabajo mientras existan comunicaciones e informaciones provenientes de múltiples actores.

Si tuvo en cuenta las recomendaciones de esta página y tomó la decisión de contratar y otorgar poder a un profesional del derecho; ¡confíe! y déjelo hacer su trabajo; eso sí, recuerde que son un equipo y será importante que usted indague (dentro de horarios y plazos prudenciales), cómo puedo aportar o coadyuvar al mejor avance de su servicio.

Antes de tomar la decisión de iniciar un proceso

Si se asesoró adecuadamente a la hora de celebrar un acto jurídico y eligió al profesional del derecho idóneo para que lo represente; seguramente usted ya sabe lo que describo a continuación; si no, tome atenta nota antes o después de consultar un abogado para iniciar un proceso:

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Revise sus motivaciones:

En ocasiones, las personas toman la decisión de iniciar un proceso judicial por las razones equivocadas, esto es, porque siente rencillas con la contraparte o porque se sienten lastimadas en su ego u orgullo, o simplemente porque quieren demostrar que tenían razón, aunque con ello no ganen nada.

Antes de iniciar un proceso judicial, evalúe y determine si realmente existe un interés patrimonial o extra patrimonial que justifique iniciar una actuación que le va a costar tiempo, dinero y energía, tanto a usted como al profesional que lo representará y más aún, a un juez (jueces o magistrados) de la República, quienes a diario, se ven compelidos a resolver situaciones realmente trascendentales y así mismo, cuestiones nimias que pudieron haberse resuelto de manera extrajudicial y con una buena cultura ciudadana.

No quiere decir ello que deban permitirse atropellos a la integridad y dignidad de que somos merecedores sino que no todo conflicto debe llevarse a instancias judiciales. Explore las posibilidades que ofrece la autocomposición.

Si va a iniciar un proceso, procure que sea realmente indispensable y haber agotado las diferentes alternativas previas; y que el resultado del mismo le permita, en términos fácticos, satisfacer su pretensión (como dirían los docentes de derecho, “que no tenga una sentencia para enmarcar”).

Tenga en cuenta el factor tiempo:

La legislación prevé la regla general de un año como término para resolver un proceso, no obstante, este término está dado en primera instancia y ni qué decir de los procesos de ejecución en los que se persiguen bienes del deudor y peor aún de los que no los tienen.

Como explicaba en el punto anterior, a veces las personas inician procesos por motivaciones inadecuadas y, peor aún, existen profesionales que se prestan para ello por hacerse a dinero fácil aunque sepan de antemano que no es viable el éxito del proceso; todo lo cual, congestiona la justicia y hace que el tiempo para fallar los procesos que sí son viables, se extienda más allá de lo que legalmente se dispone o de lo que, sin congestión, sería posible.

Una vez decida iniciar su proceso, sea paciente y diligente.

Tenga en cuenta el factor económico:

Si toma la decisión de iniciar un proceso, es porque probablemente ha consultado con un profesional del derecho que puede o no haberle cobrado consulta; si le cobró (y es idóneo), ya ha tenido usted una primera erogación que, siendo fructífera, lo habrá hecho acreedor de un concepto jurídico profesional que le evitará más pagos de honorarios y gastos procesales si su proceso es inviable, pues claramente habrá obtenido un “no”; o así mismo, de una opinión jurídicamente sustentada, con los riesgos de iniciar un proceso debidamente dilucidados.

Iniciar un proceso implica incurrir en pago de honorarios y gastos del proceso; de manera que, evalúe y determine si su pretensión económica o extra patrimonial, tiene vocación para justificar que incurra en tales erogaciones; y una vez tome la decisión de iniciar un proceso, verifique la claridad de los compromisos económicos adquiridos (valor, plazos y formas de pago), así como la posibilidad real de cumplir con los mismos.

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